Esa vaina no vale nada: el timo de la deuda externa venezolana
Economía forense y denuncia
La indignación frente a la supuesta reestructuración financiera que pretende asomar el régimen no es para menos. Lo que está en juego no es una simple operación técnica, sino el intento de darle forma legal a una deuda externa que ya se estima en 240.000 millones de dólares, una cifra que desnuda la magnitud del desastre económico acumulado por años de opacidad, endeudamiento irresponsable y destrucción institucional.
El economista Miguel Rodríguez Fandeo no se guardó adjetivos al calificar el proceso como una “basura de contrato”. En su lectura, la firma estadounidense elegida para manejar la negociación no responde a criterios de excelencia técnica, sino a una lógica de contactos políticos y cercanía con actores influyentes de Washington. La empresa señalada es Centerview Partners, una boutique financiera de Wall Street que, según reportes recientes, fue contratada para asesorar al Estado venezolano y a PDVSA en la reestructuración de su deuda externa. Para colmo, la asesoría podría costarle al país alrededor de 150 millones de dólares .
Pagar semejante suma en comisiones para renegociar papeles destruidos es, en sí mismo, una señal de alarma. No se trata de salvar el crédito de la República, sino de organizar una operación financiera donde los grandes beneficiarios no serían precisamente los venezolanos. En este tipo de maniobras, la pregunta esencial no es solo cuánto se debe, sino a quién, por qué, bajo qué condiciones y con qué grado de legitimidad.
Rodríguez Fandeo fue todavía más tajante al afirmar que buena parte de esa deuda no tiene sustento real de mercado y que su valor efectivo está muy por debajo del nominal. Esa afirmación, aunque polémica, abre una discusión obligatoria: la diferencia entre una deuda contable, una deuda litigiosa y una deuda efectivamente cobrable. En Venezuela, esa frontera se ha vuelto deliberadamente borrosa por años de sanciones, impagos, arbitrajes, cesiones opacas y contratos firmados en medio del derrumbe institucional.
La deuda como chatarra financiera
Si la deuda real de mercado está pulverizada por debajo de su valor nominal, pretender reconocerla al 100% equivale a legitimar una estafa histórica. Los bonos de la República han sido llevados al suelo por la combinación de incumplimiento, default, pérdida de confianza y aislamiento financiero. En ese escenario, solo los fondos litigantes, algunos intermediarios y los operadores políticos de la reestructuración tienen incentivos para inflar artificialmente su valor.
Lo que se intenta vender como una “normalización” financiera puede terminar siendo una capitulación. En vez de auditar, depurar y discriminar obligaciones legítimas de pasivos tóxicos, el país corre el riesgo de sentarse a negociar como si toda la deuda fuera moral, legal y económicamente exigible por igual. Ese sería el verdadero fraude: convertir una ruina financiera en una nueva fuente de comisiones, negocios cruzados y favores entre élites.
El caso de la deuda rusa
La porción vinculada a compras militares con Rusia también merece revisión forense. No toda obligación firmada en papel tiene el mismo peso jurídico o político. Cuando un Estado adquiere armamento en condiciones opacas, sin beneficio social verificable y en un contexto de deterioro institucional, surge la discusión sobre la llamada deuda odiosa, un concepto discutido en el derecho internacional pero útil para examinar estos compromisos.
No se trata solo de armas defectuosas o de sistemas militares sobredimensionados para la realidad del país. Se trata de determinar si esos recursos fueron utilizados para sostener una estructura de poder contra la población, sin rendición de cuentas ni retorno social. En ese caso, la discusión no debe limitarse a “cuánto se debe”, sino a si esa deuda tiene realmente legitimidad para ser exigida al conjunto de la nación.
El Fondo Chino y los proyectos fantasma
El capítulo chino tampoco puede quedar fuera de una auditoría seria. Durante años, el mecanismo de financiamiento con Pekín operó bajo esquemas en los que el dinero llegaba condicionado a la contratación de empresas chinas, muchas veces con poca transparencia y escaso control sobre la ejecución de obras. El resultado está a la vista: proyectos inconclusos, sobrecostos, infraestructura abandonada y una larga lista de promesas convertidas en elefantes blancos.
En términos forenses, ese tipo de deuda exige una revisión minuciosa. No basta con contabilizar el monto principal; hay que rastrear quién ejecutó cada obra, cuánto se pagó, qué se entregó realmente y qué parte del dinero terminó diluyéndose entre intermediarios, sobreprecios y contrataciones dudosas. Si hubo corrupción de origen, negligencia compartida o incumplimiento sustancial, entonces la deuda no puede tratarse como si fuera moralmente neutra.
La sombra política en Washington
La elección de Centerview Partners también levanta interrogantes políticas. Reuters reportó que la selección de la firma estuvo rodeada por la intervención de Mauricio Claver-Carone, exfuncionario de la primera administración Trump, quien habría recomendado el nombre de Centerview en conversaciones vinculadas al proceso venezolano. Además, la firma contrató en 2025 a Reince Priebus, exjefe de gabinete de Donald Trump, como asesor senior, lo que refuerza la percepción de proximidad con el entorno político republicano de Estados Unidos.
Eso no prueba por sí solo una operación partidista, pero sí coloca la negociación en un terreno donde la técnica financiera y la influencia política se entrecruzan. En un caso tan delicado como la deuda venezolana, esa mezcla es explosiva. Cuando la renegociación de un país devastado termina rodeada de operadores con conexiones partidistas en Washington, el margen para la sospecha se multiplica.
Una estafa con lenguaje técnico
La urgencia de la cúpula no responde a salvar el crédito de una Venezuela devastada. Responde, más bien, a legalizar una arquitectura de deuda que permita repartir comisiones, consolidar intermediaciones y reordenar negocios sobre los restos del Estado. El lenguaje técnico, en estos casos, suele servir para esconder una decisión política: quién cobra, quién negocia, quién firma y quién se queda con la última palabra.
Por eso este no es solo un debate financiero. Es una disputa sobre soberanía, legitimidad y memoria histórica. Si el país va a renegociar su deuda, debe hacerlo con una auditoría completa, con transparencia pública y con la identificación precisa de cuáles obligaciones son legítimas y cuáles nacieron contaminadas por corrupción, abuso o nulidad de origen.
La deuda externa venezolana no puede tratarse como un simple trámite de escritorio. Es una herida abierta de la economía nacional. Y si la solución consiste en entregar el país otra vez a intermediarios caros, conexiones políticas y contratos inflados, entonces no habrá reestructuración posible: solo otro capítulo del mismo saqueo, esta vez con traje, corbata y lenguaje de Wall Street.
