“Bochinche con turbinas y lingotes”
Por el Cronista de Macondia
«¡Bochinche, bochinche! ¡Esta gente no sabe hacer sino bochinche!», gritó Francisco de Miranda en 1812, frustrado por el caos de una república que no terminaba de nacer. Dos siglos después, el problema no es que el bochinche no haya desaparecido, sino que se volvió política de Estado, modelo de negocios… y, en algunos casos, hasta ingeniería “estratégica”.
Porque si algo sobra en Venezuela no es oro —que también— sino desorden con cifras millonarias.
En el Arco Minero del Orinoco, donde la geología habla en onzas y el poder habla en silencio, las cifras resultan tan brillantes como incómodas. Solo en El Callao y sus alrededores, las estimaciones superan los 5,7 millones de onzas de oro. En Choco-Guasipati, la cifra escala a 12,88 millones. Traducido al idioma que sí entienden los decisores: más de 70.000 millones de dólares combinados a precios actuales.
Y eso sin contar distritos como Brisas del Cuyuni y Las Cristinas, donde las reservas históricas han rondado entre 12 y 20 millones de onzas de oro, además de cobre en volúmenes industriales. En términos conservadores, hablamos de más de 100.000 millones de dólares enterrados… o peor aún, mal administrados.
Aquí es donde el “bochinche” deja de ser ruido y se convierte en estructura.
Porque en lugar de un Estado organizando, regulando y capitalizando esa riqueza, lo que emerge es un ecosistema donde conviven militares, pranes, intermediarios y concesiones opacas. El modelo es simple: el minero artesanal trabaja, entrega, y recibe apenas una fracción —en algunos casos, alrededor del 10%— de lo que produce. El resto se diluye en una cadena donde la transparencia es tan escasa como la institucionalidad.
Miranda, probablemente, actualizaría su frase: ya no es que “no saben hacer sino bochinche”, es que el bochinche ahora sí deja ganancias… pero no precisamente al país.
Y mientras el oro se va —porque siempre se va—, la electricidad no llega.
La Central Hidroeléctrica Tocoma, concebida como una obra clave para el sistema eléctrico nacional, es el monumento perfecto al bochinche institucionalizado. Diseñada para generar 2.160 megavatios, con diez turbinas tipo Kaplan, debía estar lista en 2012. Luego en 2014. Después, en algún punto entre la promesa y el olvido.
Hoy, más de una década después, sigue siendo una estructura incompleta, con turbinas esperando, concreto cuestionado y responsabilidades que se evaporan con la misma facilidad que los presupuestos.
Odebrecht —ahora rebautizada, porque cambiar de nombre parece más fácil que rendir cuentas— y la empresa IMPSA se han señalado mutuamente por los retrasos. Una dice que no le entregaron las obras civiles a tiempo. La otra sugiere que los equipos no podían instalarse. En el medio, 3.000 millones de dólares señalados como desfalco y un país que sigue a oscuras.
Eso sí, la explicación oficial llegó después: las sanciones.
Un detalle incómodo: en 2014, cuando el proyecto ya estaba paralizado, las sanciones económicas que afectaban financiamiento y operaciones aún no existían. Pero en Venezuela el tiempo es flexible, la memoria selectiva y las excusas retroactivas.
El resultado es un sistema eléctrico colapsado, racionamientos de seis horas o más, y una represa que genera más preguntas que megavatios.
Mientras tanto, el Banco Central ha visto reducir sus reservas de oro de forma dramática. De cientos de toneladas a cifras que hoy apenas alcanzan una fracción de lo que alguna vez hubo. En paralelo, la minería ilegal y semi-legal ha movido volúmenes que, según diversas denuncias, superan ampliamente los episodios históricos de saqueo colonial.
Una ironía difícil de ignorar: los conquistadores se llevaron oro durante siglos; aquí se ha ido en apenas décadas… con mejores máquinas y peores controles.
Pero no todo es caos espontáneo. Hay método en este desorden.
Desde mediados de los años 2000 se consolidó un esquema donde fuerzas militares, estructuras irregulares y actores políticos convergen en la gestión —o explotación— de territorios estratégicos. No es ausencia de Estado: es otra forma de Estado, donde la ley es negociable y la renta es prioritaria.
Así, el “bochinche” de Miranda ya no describe una falla del sistema. Es el sistema.
Y en ese sistema, el oro fluye, los contratos se renegocian, las empresas cambian de nombre, las turbinas esperan… y el país sigue intentando entender en qué momento el desorden dejó de ser accidente para convertirse en modelo.
Quizás Miranda no estaba equivocado.
Solo se quedó corto.
