Crónica del Tribunal Supremo de Macondo

 Crónica del Tribunal Supremo de Macondo: Donde los títulos universitarios nacen por Inteligencia Artificial y los Alquimistas usan betún

Venezuela ha logrado lo que ningún país nórdico, con todas sus riquezas y calefacciones subvencionadas, ha podido siquiera soñar: erradicar el analfabetismo profesional. Aquí ya no quedan obreros; según los últimos listados, en la administración pública hay más Doctores en Derecho que ciudadanos de a pie. Macondo se quedó pendejo. Hemos entrado oficialmente en una dimensión donde el Realismo Trágico y el Realismo Mágico se fusionaron en una sola obra de teatro burlesco, financiada con el hambre de los jubilados y transmitida en vivo para las principales plataformas de streaming.

La escena actual es digna de una novela de Gabriel García Márquez, pero reescrita por un libretista de comedia barata. La Asamblea Nacional (y lo que sea que quede del ecosistema interino) se encuentra en plena faena de "selección y escogencia" de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El proceso, según el sagrado Artículo 264 de nuestra Constitución —la carta magna más violada del planeta, donde lo único que se respeta con devoción religiosa son los "artículos transitorios" que duran una eternidad—, debería ser un despliegue de pulcritud institucional: convocatoria pública, preselección ciudadana, filtro del Consejo Moral Republicano (un oxímoron maravilloso) y votación en la plenaria.

REQUISITOS FORMALES PARA SER MAGISTRADO (Según la Ley Orgánica)

1. Ser ciudadano de honorabilidad comprobada y probidad intachable.

2. Poseer un título de Doctorado en Ciencias Jurídicas.

3. Haber ejercido la abogacía o la docencia durante un tiempo mínimo.

4. (Requisito Oculto): Haber sido, al menos, alguacil, payaso de circo, saltimbaqui del PSUV o "ex "Watchman" nocturno de un calabozo.

Pero al abrir las listas de postulados, los jurisconsultos del país sufrieron un síncope. Aquello no es un listado judicial; se parece más bien a las antiguas y extintas Páginas Amarillas de la CANTV, donde estaba registrado hasta el perro de la vecina. Una marea interminable de nombres donde conviven maromeros del partido de gobierno, "líderes sin gente" y la fauna colorida de los diputados "Alacranes" de la AN, listos para avalar, con el entusiasmo de quien recibe un bono de alimentación, cualquier plan que los hermanos Rodríguez saquen de la manga.

El clímax de este realismo mágico-trágico ocurrió esta semana cuando se prendió la "San Pablera" en las redes y pasillos judiciales. Resulta que la factoría de Delcy tenía preparada una jugada maestra: colar a Indira Urbaneja en los cargos más altos del Poder Público. La presentaron con bombos y platillos como "Doctora en Derecho".

¿La duda metódica? Nadie sabía dónde había estudiado la susodicha. Se activaron las alarmas: ¿Se graduó por clases online? ¿Le otorgó el título una Inteligencia Artificial en una noche de delirio digital? Al final, se descubrió el entuerto: la doctora de Schrödinger se inscribió como en dos universidades, pero olvidó el pequeño detalle de cursar las materias. Nos querían meter gato por liebre —o mejor dicho, bachiller por Fiscal General o Defensora del Pueblo—.

R Si esa lista sigue su curso sin auditoría, no se extrañe usted si mañana aparecen como Doctores en Jurisprudencia Luis Ratti, Bernabé Gutiérrez, José Brito o cualquier influencer de TikTok que se coló a última hora en el Comité de Postulaciones. Al fin y al cabo, para firmar sentencias exprés no se necesita saber de leyes, basta con saber firmar.

Ante este panorama de comedia dramática, al venezolano de a pie sólo le queda elevar una plegaria al cielo:

"Te lo pedimos, Señor: alumbra el entendimiento de estos diputados con las lámparas de betún del mismísimo alquimista Melquíades. Y que las fuerzas místicas del norte —llámense Marco Rubio, Donald Trump o la mismísima Dinorah Figuera desde su exilio de papel— manden a parar esta genialidad de los Rodríguez".

No es para menos la angustia. Recordemos que a uno de estos magistrados "tapa amarilla" nos lo tenemos que calar en el trono judicial por unos eternos 12 años... esto, por supuesto, si no se les ocurre la brillante idea de inventar la "reelección indefinida del juez", porque en el teatro del absurdo venezolano, las funciones nunca terminan y el público siempre paga la entrada con sus costillas.

La trampa constitucional: Cambiar el plano para ocultar el incendio

 La trampa constitucional: Cambiar el plano para ocultar el incendio

Venezuela atraviesa una de las crisis institucionales y humanitarias más severas de su historia republicana. Con un salario básico pulverizado, apagones crónicos que paralizan el aparato productivo y más de 8 millones de ciudadanos forzados a migrar, la agenda prioritaria del venezolano común dista mucho de los debates jurídicos de alta alcurnia. Sin embargo, desde los pasillos del poder en Miraflores se empieza a sembrar nuevamente una matriz de opinión conveniente: la necesidad de una reforma constitucional o un nuevo proceso constituyente.

A primera vista, la propuesta luce atractiva, casi de primer mundo. Se habla con ligereza de eliminar la reelección indefinida o de restaurar el sistema bicameral. Son los "caramelos de vitrina" diseñados para seducir a incautos y aplacar las presiones internacionales de la nueva administración en Washington. Pero detrás de la fachada institucional se esconde una maniobra política de viejo cuño: el traslado del debate a un terreno controlado donde el gobierno domina las reglas, los tiempos y, fundamentalmente, los árbitros.

La gran interrogante que este planteamiento elude deliberadamente no es el qué, sino el quién. ¿Quién conducirá ese proceso? ¿Qué garantías de transparencia ofrecen unas instituciones —como el Tribunal Supremo de Justicia o el Consejo Nacional Electoral— cuya imparcialidad ha sido sistemáticamente desmantelada y puesta al servicio de bufones políticos y facciones minoritarias que no alcanzan ni el 2% del favor popular?

Pretender redactar un nuevo contrato social bajo la tutoría de los mismos actores que entregaron la soberanía económica a potencias extranjeras y permitieron la porosidad fronteriza a grupos irregulares, es una contradicción biológica. La historia demuestra que cuando el autoritarismo siente que el suelo se agrieta, su primera reacción no es la retirada, sino el camuflaje. El objetivo real de una constituyente en este contexto no es solucionar la crisis, sino dilatarla; transformar la urgencia nacional del cambio político en una discusión bizantina e interminable de comisiones y reglamentos.

El giro del guion: El factor Figuera y la sucesión interna

Este diseño táctico ha quedado al descubierto tras los recientes acontecimientos políticos y la llegada de Dinorah Figuera, enviada de Washington. Con su presencia, se ha terminado de destapar el plan oculto que el oficialismo pretendía ejecutar bajo cuerda a través de los voceros de la oposición judicializada: una reforma exprés de la Constitución para reducir el mandato presidencial a cinco años.

Lejos de una concesión democrática, el objetivo analítico de esta ingeniería jurídica era acelerar artificialmente el cronograma para situar la crisis política en los últimos dos años del periodo constitucional. Ello habría permitido a la vicepresidenta ejecutiva e interina, Delcy Rodríguez, asumir la jefatura del Estado de forma definitiva bajo el amparo sobrevenido del artículo 233, evadiendo de golpe cualquier convocatoria a las urnas. Una sucesión dinástica y burocrática camuflada de legalidad.

Sin embargo, el reconocimiento exclusivo de la legitimidad de Figuera altera el tablero. La Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez queda súbitamente reducida a un rol de subordinación forzada en la práctica internacional; un escenario donde cualquier avance o reforma que intente el aparato estatal requerirá, de forma obligatoria, la validación del parlamento elegido en 2015.

La secuencia para la reconstrucción del país no puede ser invertida. No se decora una casa cuyas columnas están cediendo. Para que Venezuela pueda discutir su modelo de Estado, primero debe recuperar la legitimidad de sus instituciones. Y esa ruta pasa, indefectiblemente, por una elección presidencial verdaderamente libre y el rescate de la soberanía a través del voto. Dos siglos después de la gesta emancipadora, el desafío de la sociedad venezolana sigue intacto: recuperar la independencia de la República frente a quienes pretenden perpetuar sus privilegios mediante el derecho constitucional del engaño.