La trampa constitucional: Cambiar el plano para ocultar el incendio
Venezuela atraviesa una de las crisis institucionales y humanitarias más severas de su historia republicana. Con un salario básico pulverizado, apagones crónicos que paralizan el aparato productivo y más de 8 millones de ciudadanos forzados a migrar, la agenda prioritaria del venezolano común dista mucho de los debates jurídicos de alta alcurnia. Sin embargo, desde los pasillos del poder en Miraflores se empieza a sembrar nuevamente una matriz de opinión conveniente: la necesidad de una reforma constitucional o un nuevo proceso constituyente.
A primera vista, la propuesta luce atractiva, casi de primer mundo. Se habla con ligereza de eliminar la reelección indefinida o de restaurar el sistema bicameral. Son los "caramelos de vitrina" diseñados para seducir a incautos y aplacar las presiones internacionales de la nueva administración en Washington. Pero detrás de la fachada institucional se esconde una maniobra política de viejo cuño: el traslado del debate a un terreno controlado donde el gobierno domina las reglas, los tiempos y, fundamentalmente, los árbitros.
La gran interrogante que este planteamiento elude deliberadamente no es el qué, sino el quién. ¿Quién conducirá ese proceso? ¿Qué garantías de transparencia ofrecen unas instituciones —como el Tribunal Supremo de Justicia o el Consejo Nacional Electoral— cuya imparcialidad ha sido sistemáticamente desmantelada y puesta al servicio de bufones políticos y facciones minoritarias que no alcanzan ni el 2% del favor popular?
Pretender redactar un nuevo contrato social bajo la tutoría de los mismos actores que entregaron la soberanía económica a potencias extranjeras y permitieron la porosidad fronteriza a grupos irregulares, es una contradicción biológica. La historia demuestra que cuando el autoritarismo siente que el suelo se agrieta, su primera reacción no es la retirada, sino el camuflaje. El objetivo real de una constituyente en este contexto no es solucionar la crisis, sino dilatarla; transformar la urgencia nacional del cambio político en una discusión bizantina e interminable de comisiones y reglamentos.
El giro del guion: El factor Figuera y la sucesión interna
Este diseño táctico ha quedado al descubierto tras los recientes acontecimientos políticos y la llegada de Dinorah Figuera, enviada de Washington. Con su presencia, se ha terminado de destapar el plan oculto que el oficialismo pretendía ejecutar bajo cuerda a través de los voceros de la oposición judicializada: una reforma exprés de la Constitución para reducir el mandato presidencial a cinco años.
Lejos de una concesión democrática, el objetivo analítico de esta ingeniería jurídica era acelerar artificialmente el cronograma para situar la crisis política en los últimos dos años del periodo constitucional. Ello habría permitido a la vicepresidenta ejecutiva e interina, Delcy Rodríguez, asumir la jefatura del Estado de forma definitiva bajo el amparo sobrevenido del artículo 233, evadiendo de golpe cualquier convocatoria a las urnas. Una sucesión dinástica y burocrática camuflada de legalidad.
Sin embargo, el reconocimiento exclusivo de la legitimidad de Figuera altera el tablero. La Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez queda súbitamente reducida a un rol de subordinación forzada en la práctica internacional; un escenario donde cualquier avance o reforma que intente el aparato estatal requerirá, de forma obligatoria, la validación del parlamento elegido en 2015.
La secuencia para la reconstrucción del país no puede ser invertida. No se decora una casa cuyas columnas están cediendo. Para que Venezuela pueda discutir su modelo de Estado, primero debe recuperar la legitimidad de sus instituciones. Y esa ruta pasa, indefectiblemente, por una elección presidencial verdaderamente libre y el rescate de la soberanía a través del voto. Dos siglos después de la gesta emancipadora, el desafío de la sociedad venezolana sigue intacto: recuperar la independencia de la República frente a quienes pretenden perpetuar sus privilegios mediante el derecho constitucional del engaño.
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