En la década de los noventa y después del año 2000, la
dirigencia de la clase trabajadora se fue entregando y negociando las reivindicaciones
económicas y sociales, se hizo cómplices por acción y omisión de los gobiernos
de turno. Actualmente son unas caricaturas formadas por titiriteros, fantasmas y esquiroles
que se hacen llamar “dirigentes obreros”. Los fariseos y Judas están enquistados en la clase
trabajadora venezolana. Se dejaron seducir por cantos de sirenas y por creadores
de ilusiones y sueños no concretos, de que la clase obrera asumiría la dirección de las empresas y
que serían propietarios de los medios de producción a través del control obrero
y los planes socialistas las empresas fueron nacionalizadas, estatizadas y expropiadas,
para los trabajadores fueron días de regocijos, la felicidad duro muy poco porque el gobierno se
olvidos de las inversiones, recursos para la adecuación tecnológica, del mantenimiento
de los equipos y hasta del pago de la nómina de trabajadores, las fabricas dejaron de producir y
vino la escasez de los productos que se elaboraban anteriormente. La historia
de este fracaso es larga son centenares de empresas llevadas al fracaso ante la
desidia, la irresponsabilidad, la incapacidad gerencial y la corrupción, porque el cuento termino con las
empresas dirigidas por los militares.
La clase obrera venezolana ya recorrió los nueve
círculos del infierno de Dante y se encuentra en el décimo Circulo del régimen
llamado Hambre y Miseria. Los trabajadores venezolanos y los pensionados se hallan
perdido en el Décimo Circulo del Infierno.
Dejad, los que aquí entráis, toda esperanza.
Hace más de 500 años, en el canto III de la
Divina Comedia su autor Dante Alighieri, situaba esta frase lapidaria en la puerta
de entrada al Infierno. Si Dante la reescribiese, podría situarla en los
portones de las empresas públicas o para los pensionados del IVSS. Porque para la mayoría de los trabajadores y jubilados, se
ha convertido en un infierno sin esperanza del que no saben cómo salir. Para
corroborar lo que se dice es importante señalar algunos datos muy importantes
para señalar la perdida de la esperanza y la ilusión, al creer en falsa promesas y frases huecas como que La clase
obrera debe conquistar el Estado para alcanzar la Nueva Sociedad, creer que con
el Socialismo del siglo XXI los trabajadores tomarían el poder político y establecería
la propiedad social de los medios de producción.
La frase «Dejad, los que aquí entráis, toda esperanza» es una
realidad que viven trabajadores y pensionados con el régimen. En el año de 1998,
el salario mínimo nacional decretado el 1 de mayo era de 100.000,00 bolívares,
equivalente a 181,32 dólares US$, el cambio de bolívar a dólar en el mes de
junio estaba 551,5 bolívares por dólar. En el año de 1999 el Salario mínimo
nacional estaba en 120.000,00 bolívares decretado el 1 de mayo. Al cambio eran
198,02 dólares, el dólar se cotizaba en el mes de junio en 606,0 bolívares.
También hay que recordar que, para esos años, en la llamada
IV república, por Ley los pensionados solo recibían el 75% del salario Mínimo
Nacional. EN 1998 los pensionados cobraban 75.000,00 bolívares, es decir, 140 dólares
mensual y se compraba comida, ejemplo un kilo de carne de res de segunda tenía
un precio de 1.950,00 bolívares y un pollo entero tenía un valor de 1.200,00
bolívares. Ahora con los 7,00 Bs mensual de pensión solo nos alcanza para 300
gramos de queso blanco. Pero pensionados y trabajadores perdimos toda
esperanza al entrar en el Décimo Circulo, el salario mínimo nacional es de 7,00
bolívares, el equivalente a 1,55 dólar MENSUAL. Los salarios
fueron pulverizados y usando términos chavistas lo convirtieron en polvo
cósmico. Los personajes que doblegaron a los trabajadores y pensionados y los condujeron
a esto círculos infernales se encuentran viviendo en el cielo y en la gloria. Los trabajadores y la
dirigencia sindical se encuentran vigilada por una multitud de diablos rojos,
alacranes de 50 aguijones y variopintos y por espíritus malignos ajo las ordenes
de los Mefistófeles. Los trabajadores y pensionados son víctimas de la aplicación del control social y de la
criminalización de las protestas, son centenares de ciudadanos que han
resultado presos, sin el debido proceso y otros bajo el régimen de presentación
en los tribunales. Pero el descenso de la clase obrera continua ante la constante violencia institucionalizada a la que
es sometida con conculcaciones, vejaciones y cárceles. En la entrada del primer
círculo se lee un cartel en letras rojas que dice: «Quien entre aquí, abandone
toda esperanza», en los extremos del cartel se puede ver las imágenes de los dos diablos mayores y la leyenda
en latín “Hic Reverentur Daemons” es decir “Aquí, los Diablos se Respetan” Los pensionados
y trabajadores padecen de hambre y miseria en unos de los círculos se decretó
las pensiones y salario mínimo vitalicio en 7 bolívares mensual, considerado por los
administradores como cantidad suficiente para vivir feliz en los círculos. Es
que el Jefe de los Círculos le pide al Tribunal Supremo la derogación del
Capítulo V, de la Constitución Nacional, referente a los Derechos Sociales y de
las Familias, haciendo mayor empeño en el artículo
91 que establece: Artículo 91 “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un
salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia
las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales…El Estado
garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector
público y del sector privado un salario mínimo
vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo
de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento”
La constitución señala o indica un salario
mínimo vital, pero el salario mínimo vital debe garantizar la alimentación
adecuada, vivienda higiénica, vestido digno, asistencia médica, educación, recreación,
seguro y previsión. Aquí con el salario mínimo nacional en 1.5 dólares mensual se
viven bajo pobreza crítica. El Banco Mundial define que vivir con menos de USD 1,90
al día es la pobreza extrema. La mitad de la población mundial, es decir, 3600
millones de personas, aún tiene grandes dificultades para satisfacer
necesidades básicas.
Viven con menos de USD 3,20 al día refleja las
líneas de pobreza en los países de ingreso mediano bajo, mientras que USD 5,50
al día representan el parámetro en los países de ingreso mediano alto, según lo
señalado por el Banco Mundial en su informe bienal titulado Poverty and Shared
Prosperity 2018.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2021
revela en su estudio que la pobreza en Venezuela se mantiene en “niveles
máximos posibles de 94,5%”, mientras que la pobreza extrema sigue creciendo y abarca
dos tercios de los hogares del país, con un 76,6%, un alza de 8,9 puntos, desde
los 67,7% en que se ubicaba el año 2020.
Entre ese 94.5 de pobreza extrema se incluyen
los pensionados y jubilados del país y la mayoría de los trabajadores
venezolanos ante la política criminal de eliminación y devastación de los
beneficios y reivindicaciones de los trabajadores. Todo este dantesco
cuadro hay que agregar la destrucción de las empresas básicas y vendidos
sus equipos como chatarra a los imperios persa,
turco otomano, ruso y chino.
El hambre aumenta cada día más. Entre el
2014-2020; 12.8 millones cayeron en pobreza extrema. Al menos el 90% de la
población no cuenta con ingresos suficientes para pagar los precios de una
canasta de alimentos y de servicios básicos. Esto quiere decir que 26,1
millones de personas, según estimaciones de HumVenezuela, tienen dificultades para
comer y para atender otras de sus necesidades más elementales. Además, 8 de
cada 10 familias vive en inseguridad alimentaria, un indicador que casi
triplica la última actualización de la agencia de Naciones Unidas para la alimentación
(FAO) según la cual en Venezuela el 31,9 % de sus habitantes están
subalimentados. Los problemas de violación de la autonomía y libertad sindical
siempre han existido, desde la época de los gobiernos de AD y COPEI con acciones
como intervenciones sindicales de parte de la CTV y Federaciones nacionales y regionales, la más
emblemática la intervención del sindicato SUTISS de los trabajadores de SIDOR
en 1981. En tiempos del gobierno de Chávez el cual fomentó la injerencia del
Estado en las elecciones sindicales al exigir que todas aquellas elecciones
sean organizadas y reconocidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), una autoridad pública. Esta supervisión obligatoria
de las elecciones sindicales infringe los estándares internacionales que garantizan
a los trabajadores el derecho de elegir libremente a sus representantes, de
acuerdo con sus propias condiciones. El gobierno ha incumplido
sistemáticamente sus obligaciones que surgen de
los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al promover la
intromisión estatal en los procesos electorales de los sindicatos, negarse a
negociar colectivamente con los sindicatos existentes y manifestando favoritismo
hacia sindicatos cuadrados con el oficialismo. Asimismo, castigaron a los trabajadores que llevaron a
cabo huelgas legítimas mediante despidos y la inclusión de sus nombres en
listas negras. Además, ha apoyado la creación de organizaciones sindicales paralelas
de trabajadores, lo cual infringe las leyes laborales del país, puede debilitar a los sindicatos existentes y deja a
los trabajadores indefensos ante la arremetida patronal. Así se violenta la
democracia y autonomía sindical, irrespetando el Convenio No. 87 de la OIT. Convenio
relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación y
el Convenio 98. Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho
de sindicación y de negociación colectiva, convenios reafirmados en reiteradas
oportunidades por la Organización Internacional del Trabajo, lo cual refleja
el reconocimiento de que la injerencia estatal en asuntos sindicales permite la
manipulación política y el control de los sindicatos y
obstaculizan seriamente la libertad de sindicación de los trabajadores.
Violentaron la autonomía y libertad sindical cuando el
régimen y sus poderes públicos como el Poder Electoral, El Poder Judicial
y la Fiscalía General de la República, suspendían y prohibían elecciones sindicales,
uno de los más activos protagonistas fue el Consejo Nacional Electoral (CNE). El FBT se posesiono en
el régimen desde los tiempos de María Cristina Iglesias en el Ministerio del
Trabajo.
Ningún vocero del régimen de Maduro ni los
sindicaleros afectos al oficialismo han tocado el tema del miserable salario
que tienen los trabajadores venezolanos, la mayoría en el umbral de la pobreza extrema
cuando tienen un salario diario de 0,050 dólares el día. En Venezuela el salario mínimo nacional es de 7,00
Bs, es decir 1.55 dólares al mes. El Banco Mundial el índice de pobreza extrema
lo define que es vivir con menos de USD 1,90 al día y en Venezuela el salario
diario es de 0,050 dólares diarios, es decir, vivimos en la ultra pobreza
extrema más de 4 millones de pensionados y una gran mayoría de empleados
públicos. Son tan crueles, perversos y cínicos con un grado de maldad
indefinido que para desmejorar y conducirlos al Holomodor crearon el Memorando
2792 dictado por el ministro Eduardo Piñate donde eliminó por orden del
presidente obrero Nicolás Maduro los beneficios de los trabajadores logrados a
través de años luchas y convenciones colectivas, las conquistas de estos
derechos y reivindicaciones se lograron a través de largas jornadas de reclamos
y protestas.
Todo el Memorando 2792 es una violación
flagrante de disposiciones legales que contemplan derechos de los trabajadores
venezolanos. El oficio autoriza nada más y nada menos que a desconocer derechos
contractuales y salariales a criterio del patrono, así como deja en suspenso el ya limitado derecho a huelga. El
régimen en su felonía y crueldad. En mayo 2021 decretaron un salario mínimo a
lo que corresponde ahora con la reconversión monetaria a 7,00 Bs mensual. Irrespetan
los principios establecidos tanto los artículos 89 y el 91 de la Constitución (CRBV) que establece que los
trabajadores tienen derecho a un salario suficiente que le permita vivir con
dignidad y tome como referencia el costo de la canasta básica. Asimismo, en el artículo
18 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT). “Ninguna ley podrá establecer
disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y
beneficios laborales”, dice el 89, “Es nula toda acción, acuerdo o convenio que
implique renuncia o menoscabo de estos derechos”, rezan tanto el 89 de la CRBV
como el 18 de la LOTTT. A partir de agosto del 2019 el patrono Estado confiscó
y comenzó a incumplir con las cláusulas de la contratación
colectiva de Bonos, Primas, Tabulador o escalas salariales, no se discute las contrataciones
colectivas. Se eliminó el HCM a los trabajadores de las empresas básicas y
hasta los servicios funerarios, Con el Memorándum N° 2792 el régimen elimina todas las
reivindicaciones históricas de la lucha de los trabajadores venezolanos.
La Persecución contra los dirigentes sindicales y
trabajadores
En los primeros años comenzaron los rigores y
los trabajadores a padecer la represión cuando exigían el cumplimiento de los
derechos laborales y comenzaban la preocupación por la caída drástica de la producción
ante la falta de mantenimiento y recursos para la inversión para sustituir equipos obsoletos. Se Iniciaron
los encarcelamientos de los trabajadores y dirigentes sindicales, se
institucionalizo la criminalización de las protestas, siempre hay fiscales y
jueces prestos a meter preso a los trabajadores por el solo hecho de reclamar sus reivindicaciones sociales y económicas. Esta
aberración jurídica es una práctica habitual del régimen. Son decenas de
trabajadores detenidos o cumpliendo régimen de presentación en los tribunales.
En septiembre de 2006 fueron detenidos Leonel Griset, Juan Valor y Jhoel Hernández,
dirigentes sindicales de SUTISS por haber sido acusado de apropiación indebida,
luego que tomaran en protesta por las reivindicaciones laborales la sede de la
empresa contratista de SIDOR, Transportista Camila.
El caso más emblemático de la criminalización de
las protestas laborales es la detención, encarcelamiento y juzgamiento de Rubén
González, Secretario general del Sindicato SINTRAFERROMINERA que afilia a los trabajadores de
la empresa CVG Ferrominera Orinoco, fue detenido en septiembre de 2009. Después
de finalizada la huelga fue detenido en su residencia, y luego, imputado,
investigado por el Ministerio Publico enjuiciado y condenado en el primer
juicio por su participación en la huelga, hechos que fueron calificados jurídicamente
como delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo e
incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, todo un adefesio
jurídico. En ensañamiento, la persecución y el acoso contra Rubén González
tiene que ver con sus excompañeros del FBT y PSUV que no le perdonan sus luchas
a favor de los trabajadores. Preso dos veces durante el gobierno de Chávez esta última con el
gobierno de Maduro. El 29 de noviembre de 2018 regresaba de una marca en
Caracas por el respeto a las contrataciones colectivas y cese a las
persecuciones a trabajadores y dirigentes sindicales. Su detención fue en
una alcabala en Anaco estado Anzoátegui. Fue
condenado a 5 años y nueve meses de prisión, imputado por los delitos de ataque
al centinela a la Fuerzas Armadas. Un civil juzgado por tribunales
militares. Fue un nuevo montaje de los fiscales del ministerio Publico y
Tribunales que usa el régimen para acosar y perseguir trabajadores. Fue
liberado el 1 de septiembre del 2020.
En el año 2014 ocho trabajadores de la
Federación de Trabajadores de la empresa estatal petrolera PDVSA, incluyendo a
su Secretario general José Bodas fueron imputados por violación de la zona de
seguridad por repartir volantes convocando a una asamblea. Para mediados de
2015 cerca de 130 sindicalistas se encontraban procesados penalmente por participar en concentraciones, movilizaciones y
huelgas. El 3 de noviembre de 2021 varios sindicatos reclamaron una reunión con
el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que se encuentra
en su tercer y último día de una visita oficial en Venezuela en la que se ha reunido con diversas
autoridades. El presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios,
Eduardo Sánchez, explicó a la agencia de noticias Efe que, desde el
jueves pasado, hicieron esta petición para que Khan e reúna con los familiares de víctimas de violaciones de
derechos humanos y de representes de los trabajadores presos con la
intención de plantear su situación pero, hasta el momento, no han recibido respuesta. Sánchez
agregó que, actualmente, hay 152 dirigentes sindicales presos por reclamar
mejores condiciones laborales en el país. Sin embargo, son una excepción, una
ínfima minoría del total de “indultados” y del total de personas del pueblo trabajador presas o bajo juicio por protestar y
luchar. En el caso del movimiento obrero, no entraron en esas negociaciones y
siguen presos, Rodney Álvarez, que de hecho es también obrero de Ferrominera,
diez años presos sin sentencia y con un juicio paralizado eternamente.
Entre los indultados para esa fecha no estaban
Marcos Sabariego (Pdvsa El Palito), Bartolo Guerra (PDV Marina), Darío Salcedo
(Insopesca, en prisión domiciliaria), Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba
(Pdvsa), ni los varios trabajadores de Pdvsa que están presos desde 2017 ¡sin siquiera
la primera presentación en tribunales es decir, llevan más de dos años presos sin haber sido acusados
formalmente de nada. Desde el año 2017 ha aumentado el número de trabajadores
petroleros detenidos durante la administración de Maduro. Hasta la fecha,
muchos de ellos acusados de traición a la patria por divulgar información de Pdvsa, aún esperan por una
acusación formal o por el avance de sus juicios. Para varios, la alternativa ha
sido asumir una culpabilidad que no tienen para salir en «libertad»
En Venezuela, las protestas de los trabajadores
de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) tienen como objetivo la restitución de sus
derechos laborales contemplados en anteriores contrataciones colectivas, pero también
para pedir por el cese de la persecución y represión contra los petroleros y
representantes sindicales. El número de trabajadores de la empresa estatal
detenidos durante la administración de Nicolás Maduro, calificado por su propio
partido como el «presidente obrero» por su experiencia como trabajador
sindical, ha aumentado desde 2017. Fue precisamente ese año cuando hubo más
arrestos, empezando por la de los nueve petroleros detenidos por funcionarios
de la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar), el
mismo día en que fueron llamaron desde Pdvsa para una reunión.
De acuerdo a cifras presentadas por la organización no
gubernamental Foro Penal, existen unos 60 trabajadores petroleros presos, integrantes
de las nóminas menores y representantes sindicales. Pero de acuerdo a la ONG,
17 de ellos están calificados como presos políticos. Trabajadores petroleros presos :
Eudis Girot (Pdvsa, detenido en 2020) Guillermo Zárraga (Pdvsa, detenido en
2020) Juan Carrillo Martínez (Pdvsa, detenido en 2017) Gustavo Malavé (Pdvsa, detenido
en 2017) Héctor Roque Ramírez (Pdvsa, detenido en 2017) César Valera Villarroel (Pdvsa, detenido en 2017)
Adolfo Torres Vargas (Pdvsa, detenido en 2017) Henry Sánchez Mora (Pdvsa,
detenido en 2017) Juan Barreto Ramos (Pdvsa, detenido en 2017) Hirto Hurtado
Briceño (Pdvsa, detenido en 2017) Luis Gerardo Martínez Cardozo (Pdvsa-CVP, detenido
en 2017) Adolfo Ramón Artigas (Pdvsa-CVP, detenido en 2017) Raibeth Atencio (Pdvsa-CVP, detenido en 2017)
Hjalmar Antonio Granado Rodríguez (Pdvsa-CVP, detenido en 2017) Noris
Alberto Perozo Villanueva (Ministerio de Petróleo, detenido en 2017) Juan
Carlos Gamboa Gutiérrez (Pdvsa, detenido en 2017) Oswaldo de Jesús González Portillo
(Pdvsa), detenido en 2017). Otros trabajadores presos Guillermo González
Bartolo, Roberto Franco, Profesor Javier Tarazona.
En caso Rodney Alvarez, trabajador de
Ferrominera Orinoco, detenido el 12 de junio de 2011, Álvarez está a punto de
cumplir su décimo aniversario preso en la cárcel El Rodeo II por un supuesto
asesinato del cual no existen pruebas para vincularlo, mientras que sí hay argumentos razonables para creer que habría sido
un dirigente sindical del chavismo el responsable de este delito. Las cámaras
de seguridad como los asistentes a la asamblea advirtieron que fue realmente
Héctor Maicán, directivo sindical y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) quien disparó contra la multitud.
Según los presentes, tras accionar la pistola,
Maicán corrió a esconderse a una de las oficinas de la empresa, donde fue
detenido por funcionarios de la Guardia Nacional. «Lo agarraron con el arma,
los cartuchos, incluso hasta lo imputaron por asesinato por motivos fútiles», relató el secretario del sindicato de
Ferrominera, Rubén González, quien también fue preso político del régimen
durante casi dos años. Desde entonces, Álvarez afrontó más de 25 audiencias y
ocho intervenciones en su juicio en la última década, a la espera de una sentencia
que acaba de llegar para culparlo de un crimen con el cual no posee ninguna
vinculación demostrable.
Nota: Ante la presión de los pensionados y trabajadores
reclamando un salario justo de acuerdo a lo establecido en el Art. 91 de la
Constitución. El régimen de Maduro aumenta el salario mínimo a 28 dólares
mensual un salario pírrico que no alcanza para la alimentación ni para comprar
medicinas. Lo que hace es crear más pobreza y miseria. Este aumento anunciado
equivale al 10% de salario mínimo en Colombia y a dos horas de trabajo en USA.
Los pensionados continúan la presión para lograr un salario digno y justo, este
9 de Marzo organizan la protesta para continuar la lucha por el salario.
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