Alerta Nacional: La Clase Obrera y el Pueblo Venezolano Rechazan el Fraude de la “Ley de Consenso Laboral”

 Alerta Nacional: La Clase Obrera y el Pueblo Venezolano Rechazan el Fraude de la “Ley de Consenso Laboral”

Por: Movimiento Obrero Autónomo y de las Bases Trabajadoras

Hoy encendemos las alarmas ante los trabajadores, pensionados, jubilados, estudiantes, amas de casa y el pueblo en general: no podemos ni debemos aceptar las pretensiones de un régimen que carece de todo sostén legal y democrático, y que mediante un interinato irritó, ilegal y con el tiempo vencido, pretende consumar el mayor despojo histórico de los derechos laborales en Venezuela. La imposición encubierta de la mal llamada “Ley de Consenso Laboral y Social” (o Ley de Emergencia Laboral) representa una reforma regresiva diseñada para destruir las conquistas históricas de la clase obrera y desmantelar la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).

La realidad de la calle no se puede ocultar con retórica oficial sobre un supuesto e inexistente “#ElRenacer Productivo”. Mientras el interinato y las cúpulas gobernantes anuncian éxitos económicos de “agua de colonia”, las familias venezolanas enfrentan otro fin de año sumidas en la pobreza y la miseria, sin energía eléctrica, sin agua corriente y con salarios pulverizados. La respuesta del régimen a la legítima protesta ha sido la violencia: la marcha pacífica que los trabajadores pretendían realizar hoy hacia las cercanías de Miraflores fue brutalmente impedida por las fuerzas represoras. Ante esto, el pueblo se pregunta: ¿Acaso la embajada de EE. UU. Está de acuerdo con esta represión y las detenciones arbitrarias? ¿Esto es lo que apoyan Donald Trump y Marco Rubio? ¿Qué nos quedemos tranquilos mientras eliminan nuestros derechos humanos y laborales? 

Los Cómplices del Despojo: Esquiroles y la Traición de las Cúpulas Sindicales y Patronales

Este fraude legislativo no se ejecuta en solitario; cuenta con la complicidad abierta de los enemigos históricos de la clase obrera venezolana. Las centrales cooptadas y arrodilladas ante el patrono y el poder político —como la oficialista Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), y las desgastadas cúpulas de la CTV y ASI— actúan hoy como verdaderos esquiroles. Lejos de defender las conquistas populares, estas organizaciones han conspirado sistemáticamente contra los beneficios de los trabajadores, sirviendo de alfombra jurídica para las pretensiones corporativas de Fedecámaras y Fedeindustria.

Jamás se ha visto a ninguna de estas centrales entreguistas, ni a las cámaras patronales, ni a los gobiernos de turno, impulsar un verdadero proyecto de ley integral de jubilaciones y pensiones que emule la seguridad social de los países escandinavos o nórdicos, donde el retiro laboral garantiza una vejez digna y un nivel de vida blindado por el Estado. Por el contrario, su único rol histórico ha sido firmar el desmantelamiento del salario real a cambio de cuotas de poder y prebendas, pasando por la taquilla de Miraflores para avalar la miseria del pueblo. Es repudiable ver a analistas políticos e influencers, amigos de Fedecámaras, lanzar declaraciones a favor del patrono esperando una cesta navideña o un pago político, actuando del lado del opresor cuando jurídicamente del lado del más débil está Dios.

Opacidad, Corrupción y el Mito de la Quiebra Patronal

¿Cuál es el empeño de reformar la LOTTT y la Constitución Nacional en un momento en que Venezuela atraviesa su peor crisis económica, social y política? Lo que se debe buscar con urgencia es que el régimen deje la opacidad y el secretismo, y que rinda cuentas por la corrupción, el fraude y el desfalco con el erario público. Al pueblo no se le olvida el saqueo masivo y el arrase que hicieron con las finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Todos los presidentes corporativos robaron los dineros del Estado, y varios directivos están directamente involucrados en el robo de miles de millones de dólares pertenecientes a los fondos de los jubilados petroleros.

La voracidad y el control absoluto del Estado sobre nuestras riquezas se personifica hoy en la Región Guayana bajo la figura de Héctor Silva, el auténtico "Zar del Oro". Este funcionario acumula de forma grosera innumerables cargos, desempeñándose simultáneamente como Ministro de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas, presidente de la CVG y presidente de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) tras la absorción exprés de Minerven. Al mejor estilo de las tiranías caribeñas del siglo pasado —como la del dictador Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, retratada magistralmente en La Fiesta del Chivo, quien exigía ser llamado el "Benefactor" y pretendía que el pueblo repitiera que solo existía "Dios en el cielo y Trujillo en la tierra"—, aquí se pretende endiosar a burócratas todopoderosos mientras las industrias básicas caen a picos y las bases trabajadoras sufren persecución.

Pero el poder popular no se arrodilla ante los nuevos Trujillos bananeros: en Guayana, más de 90 mil trabajadores activos, jubilados y los mal llamados "no requeridos" sostienen una digna huelga de hambre y vigilia frente a la CVG, habiendo declarado a Héctor Silva como "persona no grata" debido a las arbitrariedades y la inmensa red de corrupción que asfixia el arco minero.

Históricamente, las convenciones colectivas pactadas con sectores públicos y privados se estructuraban mediante rigurosos análisis técnicos de economistas, ingenieros y administradores de ambas partes, estableciendo mínimos y topes viables. Ningún empresario firma un convenio colectivo para declarar a los meses que está en bancarrota por culpa de los trabajadores; las empresas quiebran por las destructivas políticas macroeconómicas y la corrupción.

Los trabajadores, pensionados y jubilados hemos sido burlados en los últimos años por Nicolás Maduro, quien se hacía pasar por sindicalero del Metro de Caracas por solo trabajar unos 15 días, y tras declararse sindicalista con el apoyo de Chávez, devino en un administrador nefasto. Nos impusieron instrumentos malévolos que nos despojaron de las prestaciones sociales, tabuladores y conquistas logradas tras años de lucha sindical, tales como el Memorando 2792 y el destructivo instructivo de la ONAPRE, todo bajo el visto bueno de Delcy Rodríguez en su desempeño institucional.

Análisis Jurídico y Constitucional: La Inconstitucionalidad de la Reforma

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, avalada por expertos constitucionalistas y laboralistas como la doctora María Alejandra Díaz, la propuesta legislativa que se pretende aprobar adolece de vicios insubsanables y viola los principios fundamentales de la República:

1. Eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales: Se pretende modificar el método de cálculo eliminando la fórmula del Artículo 122 de la LOTTT, la cual obliga a calcular las prestaciones y la liquidación con base en el último salario integral devengado. Las prestaciones sociales no son una dádiva empresarial, sino un derecho reconocido en el Artículo 92 de la Constitución para recompensar la antigüedad y amparar al trabajador en caso de cesantía. Modificar este mecanismo vacía de contenido el patrimonio y los ahorros legítimos de toda una vida de servicio.

2. Violación al principio constitucional de progresividad: Los artículos 89 y 92 constitucionales obligan a examinar cualquier reforma bajo los principios de progresividad e irrenunciabilidad. Sostener que se puede crear una ley paralela o de "emergencia" para flexibilizar las condiciones de contratación y abaratar los costos de despido a favor de los patronos es flagrantemente inconstitucional. Cualquier reforma legal debe ser para ampliar beneficios, jamás para reducirlos o generar desmejoras. El salario no se rescata haciendo más barato al trabajador, sino haciendo que su trabajo valga lo suficiente para vivir con dignidad.

3. Institucionalización de la "bonificación" del salario: El borrador de ley intenta otorgar un carácter legal definitivo a los bonos sin incidencia salarial. Al mantener los salarios mínimos congelados o deprimidos, se perjudica directamente el cálculo de vacaciones, aguinaldos y, de manera criminal, los ingresos de los pensionados y jubilados, quienes quedan completamente excluidos de las bonificaciones activas y condenados a pensiones de miseria absoluta.

La Hipocresía Internacional y el Silencio de los de Afuera

La hipocresía internacional ha quedado hoy, 29 de octubre de 2026, completamente al desnudo. Mientras los líderes obreros de Guayana se descompensan en una huelga de hambre por sueldos dignos, el encargado de negocios de la oficina externa de EE. UU. (Venta), Mr. John Barrett, fue capturado recorriendo alegremente la Planta Chocó y las minas de oro Santa Bárbara y VBK de la mano con el ministro Héctor Silva. En un comunicado que causa náuseas a la clase obrera, Mr. Barrett celebró el "gran potencial operativo" del oro venezolano y declaró que las corporaciones norteamericanas están "listas para contribuir" bajo los planes de Washington.

¿Esta es la defensa de la democracia y los derechos humanos que predican Donald Trump y Marco Rubio? Mientras el Estado venezolano ejerce violencia contra los manifestantes, la diplomacia extranjera pacta con el Zar del oro el remate de nuestros recursos estratégicos. Confirman que guarda un silencio cómplice: no informan con la debida contundencia sobre las detenciones de trabajadores activos y jubilados petroleros, de la salud o la educación que ocurren en las calles de Caracas o en las industrias básicas de Guayana y Zulia. Su agenda geopolítica transita por caminos muy distintos al lomo del trabajador venezolano.

Posición de las Centrales Sindicales Autónomas y Exigencias

Las centrales sindicales autónomas e independientes de Venezuela —incluyendo la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA) y la Unión Nacional de Trabajadores (ÚNETE)— manifestamos un firme y absoluto rechazo a la propuesta de la "Ley de Consenso Laboral y Social". Calificamos esta maniobra legislativa como un "madrugonazo" que pretende transferir el costo de la crisis económica exclusivamente a las espaldas de la clase obrera.

Cualquier debate profundo sobre la legislación laboral debe postergarse hasta contar con un nuevo gobierno democrático, electo soberanamente por el pueblo, donde se garantice la autonomía y la plena libertad sindical. En sustitución de esta ley pro-patronal, exigimos de forma inmediata:

• Recuperación real del salario mínimo vital, tomando como referencia el costo de la canasta alimentaria según los parámetros de la ley vigente.

• Respeto irrestricto a las convenciones colectivas, reactivando la firma y cumplimiento de los contratos colectivos suspendidos tanto en el sector público como en las industrias básicas (CVG en Guayana y el sector petrolero en Zulia, actualmente en conflicto).

• Libertad sindical plena, el cese inmediato a la criminalización de la protesta y la liberación de todos los dirigentes sindicales y trabajadores arbitrariamente detenidos por defender sus derechos legítimos.

La riqueza de una nación no la produce solamente el capital: la producen quienes entregan diariamente su tiempo, conocimientos y esfuerzo. Los derechos laborales no son un obstáculo para el desarrollo; ¡son parte de su razón de ser! 

¡La Constitución se respeta! ¡Fuera los nuevos Trujillos y los esquiroles! ¡Unidad obrera contra el despojo!