Las fallas eléctricas en Venezuela: 26 años de promesas, apagones y una red en terapia intensiva
Venezuela no atraviesa una simple crisis eléctrica. Vive, desde hace años, en una especie de vigilia forzada entre racionamientos, apagones, bajones de voltaje y promesas oficiales que duran menos que un bombillo chino en sobrecarga. La narrativa ha cambiado con los gobiernos, pero el resultado sigue siendo el mismo: un país a oscuras, administrado por autoridades que explican el colapso con la misma creatividad con la que evitan asumir responsabilidades.
La primera gran crisis eléctrica moderna se declaró a inicios de 2010, durante el mandato de Hugo Chávez. Entonces se habló de emergencia, de racionamiento y de medidas extraordinarias, en medio de una severa sequía que redujo los niveles de Guri y de una falta de inversión que ya venía socavando al sistema desde años antes. La electricidad comenzó a dosificarse como si fuera medicina escasa, mientras el país descubría que la planificación energética también podía morir de abandono.
Ya para finales de 2009 y comienzos de 2010, los hornos de SIDOR empezaron a apagarse progresivamente por orden del Gobierno nacional, bajo el argumento del racionamiento eléctrico. Se impusieron cortes de 2 a 4 horas diarias, se redujo la jornada laboral pública y se restringió al comercio. Así comenzó una etapa que normalizó lo inaceptable: en vez de resolver la crisis, se administró el apagón como si fuera política pública.
Promesas, excusas y memoria corta
La crisis del Sistema Eléctrico Nacional no solo dejó racionamientos. También produjo una colección de promesas incumplidas que hoy forman parte del archivo oficial de la desmemoria. En abril de 2013, Jesse Chacón aseguró que estabilizaría el sistema en 100 días y llegó incluso a ofrecer su renuncia si no cumplía. El problema fue que no cumplió, no renunció y el país siguió hundiéndose en una precariedad eléctrica cada vez más profunda.
Entre 2014 y 2018, el deterioro se aceleró. Las denuncias de corrupción, sobreprecio, desvío de recursos e ineficiencia gerencial dejaron de ser murmullos de técnicos y se convirtieron en una constante. El sistema empezó a mostrar sus costuras: subestaciones envejecidas, mantenimiento insuficiente, equipos dañados y una burocracia más preocupada por sostener el relato que por sostener la red.
Y llegó 2019, cuando el país terminó de entender que el colapso ya no era una posibilidad sino una rutina. El gran apagón de marzo dejó a buena parte de Venezuela sumida en la oscuridad durante días y confirmó lo que ingenieros y especialistas venían advirtiendo: un sistema sin inversión, sin redundancia y sin gestión no falla; se derrumba.
La excusa de siempre
Cada apagón en Venezuela viene acompañado de una liturgia conocida. Si falla el sistema, la culpa es del clima. Si colapsa una subestación, fue sabotaje. Si se incendia un equipo, la explicación se busca en enemigos externos, animales imprudentes o conspiraciones perfectamente oportunas. El problema es que esa narrativa ha sido repetida tantas veces que ya no convence ni como libreto de emergencia.
La realidad técnica es mucho menos glamorosa y bastante más incómoda: durante años no se sustituyeron equipos, no se garantizó mantenimiento, no se modernizó la infraestructura y no se protegieron las instalaciones críticas. Cuando un país deja de invertir en su sistema eléctrico, no obtiene “incidentes aislados”; obtiene una crisis estructural. Y eso es precisamente lo que Venezuela lleva padeciendo desde hace más de una década.
De impusieron cortes de 2 a 4 horas diarias, se redujo la jornada laboral pública y se restringió al comercio. Así comenzó una etapa que normalizó lo inaceptable: en vez de resolver la crisis, se administró el apagón como si fuera política pública.
El Cementerio de Hierro: Autotransformadores en el Olvido
La crisis eléctrica nacional no solo es hija de la desinversión, sino de una gestión que parece haber sentenciado al sistema al abandono, incluso teniendo las soluciones a la mano. Diversos reportes técnicos y denuncias de especialistas han señalado una realidad dolorosa: la existencia de equipos y repuestos de alta gama que, habiendo llegado al país hace años, permanecen acumulando polvo en almacenes sin ser instalados. Esta situación convierte la falta de mantenimiento preventivo en una omisión deliberada que pone en riesgo la estabilidad del país.
Un ejemplo emblemático de esta negligencia ocurrió en la Subestación Guri B, donde la explosión de uno de sus autotransformadores trifásicos —con capacidad de 1,500 megavatios— pudo haberse evitado si se hubiera reemplazado un simple bushing. Lo verdaderamente alarmante es que el repuesto necesario para esa reparación, cuyo costo es ínfimo comparado con los 5 millones de dólares que se perdieron por la destrucción del autotransformador, se encontraba disponible en el almacén de la propia subestación. Este patrón de "repuestos en depósito y equipos en falla" evidencia que la estructura administrativa ha priorizado el almacenamiento por encima de la operatividad real.
Mientras el 90% de los transformadores en las subestaciones nacionales ya han superado su tiempo de vida útil, la negativa a ejecutar un plan de sustitución con los equipos que ya están en inventario es una condena al servicio eléctrico. No se trata solo de falta de recursos, sino de una desidia institucional que prefiere dejar que los autotransformadores se conviertan en chatarra en los patios de almacenamiento antes que ponerlos al servicio de un sistema interconectado que agoniza por sobrecargas y falta de atención técnica.
Un país que produce oscuridad
La ironía es brutal. Venezuela, con enormes recursos energéticos, terminó administrando apagones como quien administra una costumbre nacional. La electricidad dejó de ser una garantía del Estado y pasó a ser una especie de premio intermitente, sujeto al humor de la red, al desgaste de los equipos y a la capacidad del gobierno de turno para maquillar la realidad.
Pero la crisis no se explica solo por la sequía o por la caída de generación. También hay una dimensión política y moral que no puede esconderse detrás de ningún comunicado. La corrupción en el sector eléctrico ha sido denunciada durante años como parte de un esquema donde contratos, obras inconclusas y recursos públicos mal administrados terminaron erosionando aún más un sistema ya frágil. Lo que se perdió no fue solo dinero: se perdió capacidad técnica, confianza institucional y tiempo, ese recurso que en electricidad también se mide en daños acumulados.
Tocoma: la obra que no alumbró
Si hay una imagen perfecta del fracaso eléctrico venezolano, esa es Tocoma. La central hidroeléctrica Manuel Piar fue presentada como una pieza clave para fortalecer la generación del país, pero terminó convertida en símbolo de retrasos, sobrecostos, corrosión, abandono y promesas que nunca llegaron a encender turbinas. La obra debió estar concluida hace años, pero sigue siendo una demostración permanente de cómo la desidia puede disfrazarse de proyecto estratégico.
Tocoma no solo representa una infraestructura inconclusa. Representa una manera de gobernar: anunciar, inaugurar en maqueta, prometer por fases, justificar retrasos y dejar que el tiempo haga el trabajo sucio. Mientras tanto, el país siguió a oscuras y el sistema eléctrico siguió perdiendo capacidad como si el deterioro fuera parte de un plan nacional.
El negocio de la oscuridad
En ese ecosistema florecieron los llamados Bolichicos, esa generación de intermediarios que descubrió que en Venezuela podía hacerse fortuna no necesariamente con talento, sino con cercanía al poder. Derwick Associates quedó asociada a una época de compras opacas, contratos cuestionados y equipos adquiridos bajo una lógica más financiera que técnica. En un país desesperado por resolver apagones, la electricidad también se convirtió en negocio.
Y ese es quizá uno de los grandes absurdos de toda esta historia: mientras millones de venezolanos aprendían a vivir entre bajones y racionamientos, otros hacían fortuna en torno al mismo sistema que se estaba hundiendo. El país se quedó sin luz, pero algunos sí encontraron el interruptor del enriquecimiento.
Un colapso anunciado
Los apagones de 2018 y 2019 dejaron claro que el sistema eléctrico venezolano no estaba enfrentando fallas fortuitas, sino un colapso anunciado. Subestaciones vulnerables, transformadores envejecidos, protecciones obsoletas y equipos sin repuestos forman parte de una red que funciona por inercia y no por robustez. Cuando ocurre una falla, el país entero lo siente porque el sistema ya no tiene margen para absorber golpes.
En cualquier país con una gerencia mínimamente seria, una falla se corrige antes de convertirse en tragedia. En Venezuela, en cambio, la falla se convierte en rutina, la rutina en excusa y la excusa en política oficial. Así se ha ido normalizando lo intolerable: hospitales con fallas, industrias paradas, hogares sin servicio estable y ciudades enteras sometidas a un racionamiento disfrazado de contingencia.
Cierre
Después de tantos años, el problema eléctrico venezolano ya no puede presentarse como una emergencia pasajera. Es el resultado de una cadena de decisiones, omisiones y saqueos que dejaron al país sobreviviendo con un sistema que opera muy por debajo de su capacidad real. Venezuela no está únicamente sufriendo apagones: está pagando el costo de haber convertido la infraestructura pública en botín, la técnica en propaganda y la corrupción en método de gobierno.
La oscuridad, en este caso, no es metáfora. Es política, economía y vida cotidiana. Y mientras el poder siga buscando culpables en el clima, en el sabotaje o en la mala suerte, el país seguirá haciendo lo mismo de siempre: esperando luz en un sistema que fue apagado mucho antes de que se fueran los bombillos
