Análisis de la crisis venezolana: Entre la geopolítica del saqueo y la negligencia ante el desastre
Caracas / Washington. La realidad política y social de Venezuela atraviesa uno de sus capítulos más complejos, marcado por la transición en el poder, los intereses energéticos de los Estados Unidos y la deficiente gestión humanitaria ante el reciente terremoto que azotó al país.
El viraje de Washington y el nuevo interinato
Tras la destitución y captura del mandatario Nicolás Maduro a inicios de año —luego de que este rechazara una oferta de exilio en un tercer país—, las expectativas de un proceso de transición democrática estructurado en tres fases (estabilidad, recuperación económica y transición) se han visto truncadas. En su lugar, el ascenso del denominado "Grupo de los Cuatro" y la consolidación de una nueva figura interina han modificado el panorama.
Fuentes cercanas al proceso señalan que la actual administración estadounidense, liderada por Donald Trump, ha priorizado los acuerdos económicos e industriales por encima de la reinstitucionalización democrática. Mediante gestiones de cabildeo coordinadas internacionalmente, se facilitó la aproximación de corporaciones energéticas y mineras norteamericanas y europeas. El Gran Reparto comenzó:
En el sector Petróleo y Gas las empresas involucradas son: Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, Halliburton, Marathon con el objetivo de Reactivaciónr de la producción en la Faja Petrolífera. En el sector auriferos y mineros las empresas favorecidas son :Trafigura, Heeney Capital, Mercuria, Gold Reserve, Peabody Energy, el objetivo es : Explotación de oro, cobre, coltán y tierras raras.
El manejo de las regalías e impuestos derivados de estas concesiones no ingresará a las arcas públicas tradicionales, sino que será controlado directamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Departamento del Tesoro de EE. UU., comprometiendo la soberanía financiera nacional. Este enfoque mercantilista ha provocado un distanciamiento de la Casa Blanca respecto a las posturas más firmes de congresistas republicanos como Rick Scott, Mario Díaz-Balart o María Elvira Salazar.
El control social y la devaluación institucional
A la par de la crisis institucional, los analistas advierten que la estructura de control social de corte autoritario permanece intacta. El uso de civiles armados o "colectivos" para amedrentar a la disidencia venezolana encuentra claros paralelismos históricos en regímenes de similar naturaleza:
Alemania Oriental: Los Grupos de Combate de la Clase Obrera.
Camboya: El Angkar (Jemeres Rojos).
Zimbabue: Las milicias afines al ZANU-PF.
Uganda: Los Batallones de Seguridad Pública de Idi Amin.
Tragedia en La Guaira y negligencia gubernamental
El descontento popular hacia la gestión del interinato se agudizó tras el devastador terremoto que afectó la zona norte costera. El gobierno interino reaccionó 48 horas después del siniestro, demostrando una absoluta ausencia de planes de contingencia y operando bajo una política de improvisación fáctica.
A pesar de que portavoces oficiales de agencias estadounidenses declararon de forma exclusiva a la cadena NTN24 que la respuesta de la Administración Trump fue "rápida y eficaz", la situación en el terreno desmiente las versiones oficiales. Organismos de derechos humanos denuncian que las fuerzas de seguridad estatales bloquearon los túneles y la autopista Caracas-La Guaira, impidiendo el ingreso de rescatistas voluntarios durante las horas críticas para salvar vidas.
Informes de inteligencia social sugieren que el cierre de las zonas de desastre obedeció a la necesidad del entorno gubernamental de resguardar propiedades ocultas del antiguo régimen (divisas, cargamentos ilícitos y vehículos de lujo) antes de priorizar el rescate de sobrevivientes, ante la aparente indiferencia de las autoridades de asistencia norteamericanas.
Exigencia de Comisión Técnica y Humanitaria Interinstitucional
Ante el riesgo inminente de que se utilicen labores de desescombro y demolición prematuras para encubrir responsabilidades penales y víctimas fatales, la sociedad civil y las familias de los damnificados han formalizado una exigencia basada en los protocolos internacionales de gestión de catástrofes (INSARAG-ONU).
Se solicita la creación inmediata de una comisión multidisciplinaria de verificación integrada por:
Organismos Internacionales: Delegados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuerpos de rescatistas internacionales.
Sociedad Civil e Instituciones Médicas: Representantes de la Federación Médica de Venezuela y el estamento eclesiástico a través del Nuncio Apostólico.
Cuerpos Técnicos y Diplomáticos: Especialistas de Protección Civil de Venezuela y la representación de la Embajada de los Estados Unidos.
Este consorcio tendrá la responsabilidad legal e histórica de certificar fehacientemente, mediante tecnología de detección acústica y biológica, la ausencia total de señales de vida antes de autorizar el ingreso de maquinaria pesada para la demolición definitiva del perímetro afectado.
Vencimiento constitucional del mandato
La sociedad civil venezolana, que no comparte el pragmatismo político de los observadores internacionales, exige el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Al constatarse la inoperancia del actual gobierno y ante el inminente vencimiento de los lapsos legales de la administración interina, juristas señalan que se configura una Falta Absoluta de acuerdo al Artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). El único camino constitucional vinculante es la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales libres y transparentes.






