Catástrofe en Venezuela: Entre el colapso estructural, la negligencia oficial y el drama humanitario

 Catástrofe en Venezuela: Entre el colapso estructural, la negligencia oficial y el drama humanitario

El devastador terremoto del pasado 24 de junio ha dejado al descubierto algo más que escombros en La Guaira y otras regiones de Venezuela; ha desnudado una profunda crisis institucional, fallas científicas en la infraestructura pública y una alarmante indolencia humanitaria por parte del Estado. Mientras las familias de las víctimas viven horas de angustia, las decisiones de las autoridades amenazan con sepultar toda esperanza de hallar supervivientes.

1. El colapso de la GMVV: Violación sistemática de las normas antisísmicas

El derrumbe casi total de complejos habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) —como el emblemático caso de la urbanización Hugo Chávez en Catia la Mar, donde de 193 edificaciones solo 3 quedaron en pie— no fue un hecho fortuito. Expertos del Colegio de Ingenieros de Venezuela venían advirtiendo sobre el flagrante incumplimiento de los protocolos de ingeniería.

Desde el punto de vista técnico y científico, el desastre se asienta sobre tres pilares de negligencia estructural:

Violación de la Norma COVENIN 1756: Esta regulación rige las construcciones sismorresistentes en el país. Las edificaciones estatales omitieron los coeficientes de aceleración horizontal y el diseño de nodos críticos indispensables para zonas de alta peligrosidad sísmica como la falla de San Sebastián.

Materiales inadecuados y "vulnerabilidad geológica": Se evidenció el uso de encofrados y formaletas de poliestireno extendido (anime) o láminas metálicas deficientes en elementos de soporte clave, sustituyendo el acero de refuerzo y el concreto armado con la densidad requerida. Además, se construyó sobre terrenos inestables sin estudios previos de microzonificación sísmica.

Opacidad contractual: Estos proyectos, centralizados desde 2011 mediante convenios con Bielorrusia y contratistas cuestionados como el Fondo Global de Construcción de Alex Saab y Álvaro Pulido, evadieron la permisologia técnica de las alcaldías y la supervisión de auditores independientes.

2. La amenaza de "Cota Cero": Más de 50.000 desaparecidos en riesgo

El aspecto más desgarrador de esta tragedia es el trato hacia los deudos y sobrevivientes. Organismos independientes de derechos humanos y monitoreo de catástrofes estiman de forma preliminar que la cifra de desaparecidos supera las 50.000 personas.

A pesar de la magnitud de esta cifra, los familiares enfrentan la inminente amenaza del régimen de paralizar la búsqueda de cuerpos y sobrevivientes para iniciar una operación de limpieza acelerada que pretende dejar el terreno en "Cota Cero" (completamente arrasado y nivelado).

Nota de alerta humanitaria: Detener la búsqueda manual y con binomios caninos para introducir maquinaria pesada de remoción implica ignorar de forma deliberada la posibilidad de hallar personas con vida en bolsas de aire o, en su defecto, privar a las familias del derecho ético y legal de recuperar y sepultar los restos de sus seres queridos. El respeto a los deudos exige mantener los protocolos internacionales de salvamento activos.

3. Obstáculos a la ayuda e instrumentalización militar

En lugar de actuar como un soporte logístico y de seguridad para los voluntarios y rescatistas independientes, el comportamiento de los cuerpos policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha generado un profundo malestar.

Burocracia y control social: El régimen ha llegado al extremo de exigir permisos especiales del "Ministerio del Poder Popular de la Arepa y Comidas Rápidas" o sellos directos de Miraflores para que ciudadanos particulares puedan donar alimentos a los damnificados y equipos de rescate. Esta criminalización de la ayuda humanitaria busca monopolizar el suministro y controlar la narrativa de la catástrofe.

Saqueos bajo uniforme: Lejos de proteger la propiedad privada y los bienes de las víctimas, se ha reportado la preocupante presencia de delincuentes comunes y saqueadores operando en las zonas de desastre, contándose entre ellos a efectivos militares y policiales que aprovechan el caos para cometer hurtos.

Acoso institucional: Las detenciones arbitrarias, amenazas y la anulación de pasaportes a rescatistas y periodistas nacionales e internacionales buscan forzar la autocensura utilizando herramientas punitivas como la Ley contra el Odio.

4. Geopolítica y opacidad en los puertos

La crisis también roza el plano internacional. Mientras el Encargado de Negocios de EE. UU., John Barrett, intenta matizar la tensa relación calificando de "malentendido" el bloqueo de la ayuda estadounidense por parte de figuras del régimen como Diosdado Cabello, persisten las denuncias sobre el desvío de insumos.

La Federación Médica de Venezuela constató en el pasado el extravío de 71.000 kilos de medicinas donadas, contrastando con la escueta propaganda oficial de apenas unos pocos cientos de kilos entregados. Asimismo, se reporta la retención de equipos de salvamento avanzados en Bolipuertos (La Guaira), alimentando sospechas sobre el ocultamiento de cargamentos o bienes de alto valor ajenos a la emergencia.

La paralización de las normas básicas de prevención (como los simulacros bianuales dictados por las normas COVENIN 3810:2003 y 2226) demuestra que las instituciones de protección civil fueron desmanteladas mucho antes de que la tierra comenzara a temblar.