Legislar en Narnia: Los vicios constitucionales y técnicos de la nueva Ley Eléctrica
Por: Juan Linares
Mientras Venezuela atraviesa un complejo proceso de transición tras los acontecimientos de enero, la Asamblea Nacional sancionó este 10 de noviembre una reforma parcial a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. Lejos de representar una solución estructural al colapso energético, el instrumento jurídico nace herido de muerte por dos flancos irreconciliables: la ilegitimidad constitucional de origen de quienes la aprueban y su divorcio absoluto de la ingeniería eléctrica.
1. El pecado original: comprometer la República sin legitimidad
Desde la óptica del Derecho Constitucional y Administrativo, ningún parlamento cuya legitimidad de origen ha sido cuestionada puede comprometer el patrimonio estratégico de la Nación a largo plazo. La reforma recién sancionada autoriza concesiones privadas de hasta 25 años en generación, transmisión y distribución.
Atar las manos de un futuro gobierno democráticamente electo mediante contratos de un cuarto de siglo, aprobados en el crepúsculo de un interinato de facto, viola los principios elementales de seguridad jurídica y soberanía popular. En cualquier democracia seria, la transición institucional y la reinstitucionalización de los poderes públicos preceden a las reformas estructurales de la economía, jamás al revés. Pretender blindar negocios privados sobre las ruinas del Estado de derecho solo garantiza litigios futuros y espanta la inversión seria.
2. Un "arroz con mango" regulatorio sin sustento técnico
En el terreno de la ingeniería, los diputados parecen legislar desde un mundo paralelo, ignorando la realidad física del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), cuya generación efectiva apenas ronda los 12.000 MW frente a una demanda que supera los 16.400 MW.
Especialistas como el ingeniero Freddy Marcano han sido categóricos al advertir que una ley no repara turbinas ni recupera el capital humano perdido. Aprobar un marco de cobro comercial sin un inventario público previo del estado de las plantas termoeléctricas, las subestaciones y las líneas de transmisión es construir un edificio sin cimientos. Además, resulta técnicamente inviable exigir generación térmica o alquilar barcazas flotantes sin resolver primero el suministro continuo de gas y diésel en PDVSA.
3. Un árbitro subordinado y tarifas europeas para salarios de miseria
La norma crea una Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional, pero como ha señalado el ingeniero y dirigente Elías Matta, este ente nace subordinado al Ejecutivo al depender del nombramiento y remoción presidencial. En los países con economías de mercado funcionales, el Estado regula, supervisa y fiscaliza a través de entes autónomos e independientes, no mediante oficinas subalternas de los mismos funcionarios que gestionaron la destrucción del servicio.
Finalmente, la ley introduce tarifas basadas en costos reales y contratos libres indexados a la moneda de mayor valor (el Euro o el dólar), sin garantizar un fondo blindado de subsidios ni equiparar el ingreso de los ciudadanos. No se puede exigir a una población con salarios pulverizados que pague facturas de primer mundo por un servicio de cuarto mundo. Primero se reconstruye la democracia, se recupera el salario y se audita la infraestructura; después se legisla sobre el mercado.
