De la Opacidad en Barbados al Hambre en Guayana

 De la Opacidad en Barbados al Hambre en Guayana

Juan Linares 

Toda esta tramoya de "falta de autonomía" que el superministro Héctor Silva escenificó en el hangar de Bolívar no es un hecho aislado; es el calco exacto de un modelo que opera bajo la mesa y de espaldas al país. Mientras a los jubilados y pensionados de la CVG se les exige paciencia y se les niega un bono digno de 1.200 dólares con el falso argumento de que el oro y los recursos "están bloqueados", la verdadera procesión va por dentro. Una reciente y devastadora investigación de la organización periodística estadounidense ProPublica ha desnudado los términos confidenciales del convenio petrolero firmado entre Delcy Eloína y la administración de Donald Trump en EE. UU., un pacto que, utilizando la propia terminología de la vieja izquierda, califica como una monumental e histórica Traición a la Patria.

Los detalles del documento de 18 páginas —resguardado con celo en un paraíso fiscal de Barbados para ocultar las identidades de los inversionistas— son una bofetada directa para la clase obrera venezolana. El acuerdo entrega el manejo de 17 campos petroleros y el control de la empresa Nave a una junta directiva donde la mayoría absoluta es estadounidense y Venezuela no tiene garantizada ninguna representación. Lo que sí quedó amarrado y firmado en piedra por personajes cuestionados por corrupción y desfalco a PDVSA, como el "bolichico" Alejandro Betancourt y Orlando Alvarado, es la entrega de nuestro crudo a un precio de remate de 30 dólares fijos por barril, sin derecho a ajustes por el mercado internacional, junto con un descuento adicional del 20% para el comprador. Mientras tanto, las cacareadas regalías de 200.000 millones de dólares que se anuncian pomposamente en televisión no cuentan con una sola línea de obligación legal en el papel. Todo el beneficio quedó escrito para el norte; para Venezuela, solo quedaron las promesas de saliva.

Es aquí donde se junta el hambre con la necesidad de ocultar el guiso. Mientras el crudo se compromete por 50 y hasta 100 años —obligando al régimen a realizar reformas exprés de la Ley de Hidrocarburos a comienzos de este año 2026 para estirar las concesiones a conveniencia del comprador—, la producción de Nave ya vuela por los 200.000 barriles diarios con miras a triplicarse para el 2028. Por eso es que a la cofradía del poder le urge tanto hablar de elecciones y de "consenso laboral": necesitan estabilidad y mano de obra sumisa para que los barcos sigan saliendo repletos mientras el trabajador de a pie financia el saqueo cobrando 15 centavos de dólar de salario base. Para los vuelos clandestinos cargados de oro que salen de Guasipati hacia Maiquetía o para los despachos petroleros a precio de gallina flaca en Barbados, la burocracia fluye con "autonomía" total; pero para el estómago vacío de los huelguistas en Guayana, el candado de Miraflores permanece cerrado. El pueblo venezolano es el gran y único perdedor de un negocio donde la cúpula entrega la soberanía a cambio de prolongar su permanencia en el trono.

Si en Venezuela existiera una Asamblea Nacional democrática, imparcial y verdaderamente autónoma, la investigación de ProPublica ya habría desatado un terremoto institucional. En un país normal, los ministros, presidentes de corporaciones y los "bolichicos" firmantes estarían siendo interpelados bajo el peso de la ley, enfrentando no solo la destitución fulminante de sus cargos administrativos, sino procesos penales inmediatos por daño patrimonial a la República. Pero en la Venezuela del revés, los mismos que obligan a los soldados a marchar repitiendo la gastada consigna de "Leales siempre, traidores nunca", son los primeros en firmar la entrega a espaldas de la nación. Mientras el mandatario norteamericano aplica con éxito su doctrina de "América Primero" (América Primero) para resguardar los intereses de su industria, los jerarcas de Miraflores aplican la de "Bolsillos Primero", demostrando que su supuesta lealtad es una farsa y que, a la hora de la verdad, la única y verdadera traición a la patria se gesta desde las propias oficinas del poder.

En cualquier país con una verdadera separación de poderes, un parlamento autónomo e independiente y una fiscalía que no fuera un apéndice de la oficina del ejecutivo, un informe de este calibre de ProPublica —que desnuda la entrega del subsuelo a precio de gallina flaca y el control de una empresa nacional por 15 años— habría provocado un terremoto político institucional inmediato.

Las comisiones de energía y contraloría estarían interpelando bajo juramento a Delcy Eloína, a Héctor Silva y a los "bolichicos" firmantes, y las consecuencias no serían simples amonestaciones de papel: habría destituciones en cascada, juicios penales abiertos por corrupción y un freno inmediato a las operaciones en los tribunales nacionales. Pero aquí, el silencio sepulcral de la Asamblea oficialista demuestra que todos son cómplices del mismo guiso.

jlrlinares@gmail.com