Trabajadores, pensionados y jubilados no pueden seguir esperando migajas del poder

 Trabajadores, pensionados y jubilados no pueden seguir esperando migajas del poder

Venezuela no necesita más discursos sobre recuperación mientras el salario siga destruido y la pensión continúe reducida a una cifra simbólica. Si la industria petrolera muestra señales de recuperación y el país recibe ingresos por exportaciones, entonces también debe existir la voluntad política de traducir esos recursos en mejoras reales para trabajadores, pensionados y jubilados. Lo contrario es insistir en una economía de parches, bonos y promesas que no resuelven la emergencia social.

La crisis del ingreso no es un accidente ni una consecuencia inevitable. Es el resultado de años de decisiones erradas, opacidad administrativa y una política que ha preferido administrar la miseria antes que reconstruir un sistema salarial digno. Mientras la inflación y la devaluación pulverizan el poder adquisitivo, millones de venezolanos sobreviven con ingresos que no alcanzan ni para cubrir las necesidades más elementales. La canasta alimentaria se ha convertido en una referencia cruel de la distancia entre la realidad del país y el salario formal.

En ese escenario, los pensionados y jubilados cargan con uno de los golpes más duros. Después de décadas de trabajo y cotización, reciben pagos que no garantizan alimentación, medicinas ni una vida mínimamente decorosa. La Constitución no deja espacio para interpretaciones convenientes: el artículo 91 consagra el derecho a un salario suficiente, y los artículos 80 y 86 obligan al Estado a garantizar seguridad social y protección integral a los adultos mayores. No se trata de dádivas ni de favores políticos; se trata de derechos adquiridos.

Sin embargo, el modelo de bonos fragmentados ha terminado por profundizar la desigualdad. El uso del Sistema Patria para pagos diferidos y fraccionados crea más incertidumbre, más retrasos y más pérdida de valor real para quienes dependen de esos recursos. En un contexto de devaluación diaria, cada día de espera equivale a menos capacidad de compra. Por eso, el pago directo y oportuno a las cuentas bancarias sería mucho más racional, más transparente y más respetuoso con los beneficiarios.

También es necesario decirlo con claridad: no puede existir una política salarial seria mientras la burocracia siga consumiendo buena parte del presupuesto público. Un Estado sobredimensionado, ineficiente y corroído por la corrupción no puede seguir pidiendo sacrificios a quienes menos tienen. Reducir privilegios administrativos, eliminar gastos superfluos y reorientar recursos hacia salarios, pensiones y servicios públicos debería ser la prioridad de cualquier gobierno que realmente quiera estabilizar la economía y proteger a la población.

Los trabajadores activos, los pensionados y los jubilados no pueden continuar dependiendo de anuncios parciales ni de fórmulas improvisadas. Necesitan un plan salarial sostenido, indexado al costo de vida, con aumentos periódicos y con mecanismos claros de protección frente a la inflación. Necesitan pensiones dignas, cestaticket para los jubilados y un sistema de seguridad social que funcione como establece la Constitución, no como un instrumento de control político.

La discusión ya no es técnica, sino moral y política. O el Estado decide respetar el trabajo, la vejez y la dignidad humana, o seguirá profundizando una crisis que castiga a quienes más han aportado al país. La renta petrolera no puede seguir repartida en forma de dádivas. Debe convertirse en salario, pensión y bienestar real. Todo lo demás es propaganda.