República laboral en coma, reelección en UCI VIP: Delcy, Trump y la Constitución a su medida

En Venezuela, los derechos laborales parecen tener un estatus de “santos de paper”, venerados en la Constitución, pero ausentes en la mesa del trabajador. El artículo 89 CRBV suena contundente: “ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales” y toda renuncia es nula. Pero luego entra la inflación, el congelamiento salarial y la política de austeridad, y se encargan de bajar la estatua del pedestal, dejándola expuesta a la lluvia y al viento.

El artículo 91, en cambio, se lee como un verso de optimismo: el Estado garantizará un salario mínimo vital ajustado cada año según el costo de la canasta básica. En la práctica, ese “salario mínimo vital” parece más una promesa literaria que un dato de realidad: el decreto se publica, el sueldo sube en números, pero en la vida real el trabajador descubre que el aumento apenas alcanza para comprar un pasaje, en el mejor de los casos, mientras la canasta básica se infla día a día. La Constitución, entonces, se queda en la ley; el poder adquisitivo, en la cola.

Mientras tanto, el poder político resuelve el asunto de la reelección con notable fluidez. La Enmienda N.º 1 de 2009 reformó el artículo 230 para permitir que cualquier funcionario de elección popular, incluido el Presidente de la República, pueda postularse de forma continua y sin límites cuantitativos. En un texto que se dice socialista y de justicia, se abre la puerta a mandatos sucesivos, como si el poder fuera el único bien escaso que merece protección especial.

Es curioso que, mientras se discuten amenazas, sanciones, acuerdos petroleros y posibles reformas neoliberales, el debate sobre el salario mínimo se limite a la ritualística de un decreto anual, sin que nadie se pregunte de verdad si el trabajador puede vivir con dignidad. El Estado cumple formalmente con la Constitución, pero en la vida real, el salario mínimo se convierte en un símbolo de resignación, mientras la reelección recibe el trato de prioridad de Estado.

Del otro lado, el discurso internacional maneja el equilibrio entre el “reñir” y el “negociar”. Delcy Rodríguez se mueve entre el lenguaje de la resistencia, la defensa del modelo socialista y la necesidad de apertura hacia el mercado global, mientras Donald Trump, reelecto, oscila entre el endurecimiento de sanciones y la posibilidad de “conversaciones constructivas”, siempre que el ajuste interno favorezca a los intereses del capital.

En este escenario, el trabajador quedó en medio de una pinza: el Estado le ofrece un discurso de justicia social y un salario simbólico; el mercado internacional le impone restricciones y le vende la ilusión de que el cambio de régimen será la panacea. La Constitución queda en los estantes: se cita en discursos, se invoca en argumentos, pero se evade cuando se trata de traducir el artículo 91 en una vida mínimamente digna.

La ironía mayor es que, mientras el poder político se calcifica en el cargo, el derecho del trabajador se licúa en el bolsillo. La reelección indefinida funciona como una especie de “UCI VIP”, con monitoreo constante, terapia de estabilización y privilegios de permanencia, mientras la “República laboral” se mantiene en estado de coma: la Constitución la mantiene viva en el papel, pero la economía y la política le dejan sin oxígeno suficiente.

Si la cartografía de la Constitución fuera fiel a la realidad, el mapa mostraría el artículo 89 en letras borrosas, el 91 en etapa de desgaste avanzado y el 230 en trazos dorados y reforzados. La frase que más se debería leer ya no es “ninguna ley podrá alterar la intangibilidad laboral”, sino “nadie toca los mandatos, aunque se toque el salario”.