Trump, Venezuela y el negocio del poder

 Trump, Venezuela y el negocio del poder

La relación de Donald Trump con Venezuela no parece guiada por un compromiso real con la democracia, sino por una lógica de conveniencia estratégica y económica. En el discurso público se habla de libertad, presión contra el autoritarismo y defensa de la estabilidad regional, pero en la práctica lo que aparece es una política marcada por el petróleo, la influencia geopolítica y los beneficios que pueden derivarse de una eventual reconfiguración del país. Venezuela, en ese esquema, deja de ser un problema democrático para convertirse en una pieza de negociación.

Por eso resulta tan significativo el modo en que la administración Trump ha manejado el caso venezolano. Más que impulsar una transición auténticamente democrática, parece interesada en controlar el ritmo y el alcance del cambio, evitando que surja una salida que escape a sus propios cálculos. En ese contexto, la figura de María Corina Machado adquiere una dimensión especial: su liderazgo, legitimidad opositora y proyección internacional podrían alterar un tablero que Washington prefiere administrar desde arriba, con márgenes limitados de autonomía para los actores venezolanos.

La cautela frente a su regreso a Venezuela puede interpretarse, entonces, no solo como una preocupación por su seguridad, sino también como parte de una estrategia más amplia. Una dirigente con capacidad de movilización y legitimidad podría abrir el escenario político a una reorganización más profunda de fuerzas, algo que no siempre coincide con los intereses de quienes buscan una transición controlada. Si la prioridad real fuera la democracia, no habría tanta ambigüedad en torno a una figura que representa una posibilidad concreta de cambio político.

Desde una perspectiva venezolana, este comportamiento confirma una vieja desconfianza: cuando el discurso de libertad se combina con intereses petroleros, oro, geopolíticos y empresariales, la democracia corre el riesgo de quedar reducida a un recurso retórico. La crisis nacional no se resolverá con tutelas externas ni con arreglos entre élites, sino con una salida que respete la soberanía, recupere la institucionalidad y enfrente de manera efectiva la corrupción y la represión. Sin esos elementos, cualquier transición será apenas una administración temporal del conflicto.

Al final, el caso venezolano vuelve a mostrar que la política internacional rara vez se mueve solo por principios. Casi siempre hay intereses materiales, cálculos de poder y conveniencias de corto plazo. Y cuando eso ocurre, los pueblos terminan pagando el costo más alto. Venezuela no necesita ser administrada como un negocio; necesita una reconstrucción política real, con legitimidad, justicia y soberanía.