La falsa normalidad tras los sismos: escuelas, riesgo y responsabilidad
El discurso de “normalidad” tras un evento sísmico no es una consigna política: es una responsabilidad técnica que exige evidencia verificable. En Venezuela, tras los recientes movimientos telúricos que afectaron múltiples estados —Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira, Miranda y Caracas—, la prisa por retomar actividades escolares contrasta con la ausencia de información pública detallada sobre la evaluación estructural de los planteles educativos.
Los terremotos no solo dejan escombros visibles; también generan daños internos que no pueden detectarse mediante inspecciones superficiales. La literatura técnica y la experiencia acumulada en eventos sísmicos anteriores, como el de Cariaco en 1997, coinciden en un punto clave: las revisiones post-sismo no deben limitarse a observaciones visuales cuando existen grietas perceptibles. La integridad de columnas y vigas —elementos críticos que sostienen la estructura— puede estar comprometida incluso cuando el daño no es evidente.
De acuerdo con criterios recogidos por la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, las grietas en concreto armado deben evaluarse con precisión: fisuras menores a 1 mm pueden considerarse leves, pero el desconchado del concreto o la exposición del acero de refuerzo indican daños severos o incluso riesgo inminente de colapso. En vigas, grietas superiores a 2 mm, deformaciones o desplazamientos visibles constituyen señales de alerta mayor que requieren intervención inmediata.
En este contexto, surge una pregunta fundamental: ¿quién certificó la habitabilidad de las escuelas? En condiciones normales, esta responsabilidad recae en instancias como las Direcciones Regionales de Educación, Protección Civil, el Ministerio de Educación (a través de FEDE) y el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Sin embargo, la capacidad operativa de estos organismos ha sido históricamente limitada, lo que hace indispensable la participación de especialistas calificados.
La evaluación estructural rigurosa no es un trámite administrativo, sino un proceso técnico que requiere ingenieros civiles especializados en sismorresistencia, geotécnicos que analicen el comportamiento del suelo, y arquitectos que identifiquen riesgos en elementos no estructurales. Asimismo, implica el uso de equipos específicos como esclerómetros, ultrasonido estructural, detectores de metales y tecnologías de inspección no destructiva que permitan diagnosticar daños internos sin comprometer la estructura.
Acelerar el retorno a clases sin la debida certificación técnica no es un acto de eficiencia, sino una potencial negligencia. La gestión de riesgo no puede subordinarse a narrativas de estabilidad ni a la necesidad de proyectar normalidad ante actores externos. La vida de niños y adolescentes no puede reducirse a estadísticas ni a decisiones apresuradas.
En escenarios post-desastre, la verdadera normalidad no se decreta: se construye sobre diagnósticos transparentes, responsabilidad institucional y respeto por la vida humana.
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